Hasta el momento, fueron destinados $655.700 millones a través de distintas medidas, como el financiamiento para las Pymes, subsidios para los sectores más vulnerables y de menores ingresos, y mayor presupuesto para las provincias y los hospitales.
El gobierno nacional resolvió hasta el momento destinar $ 655.700 millones a contener los efectos del coronavirus en la salud de la población y en la actividad económica, a través de distintas medidas, como financiamiento para las pequeñas y medianas empresas, subsidios para los sectores más vulnerables y de menores ingresos, y mayor presupuesto para las provincias y los hospitales.
Apenas iniciada la emergencia sanitaria y dictado el aislamiento preventivo, el Gobierno anunció el otorgamiento de créditos por $ 350.000 millones para garantizar la producción y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos, impulsar la actividad y financiar el funcionamiento de la economía en esta coyuntura.
De ese total, una línea es por $ 320.000 millones para capital de trabajo a las empresas a tasas preferenciales de 26% anual, por 180 días; otros $ 25.000 millones se darán a través de créditos del Banco Nación, también con un interés diferencial para productores de alimentos, higiene personal y limpieza y productores de insumos médicos.
A esto se suman otros $ 8.000 millones en financiamiento para la producción de equipamiento tecnológico para garantizar la modalidad de teletrabajo, y $ 2.800 millones para el financiamiento de infraestructura en parques industriales.
Al mismo tiempo se definió un refuerzo en el seguro de desempleo, además de un pago extra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Universal por Embarazo (AUE) por $ 3.100; y de un bono de $ 3.000 para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, y para aquellos que estén por debajo de $ 18.892, la diferencia entre su haber y este monto.
Estas medidas alcanzaron a 9.006.044 millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH y AUE, y significaron un desembolso de $ 27.918.736.400.
En la misma sintonía, el Gobierno decidió aumentar en $ 100.000 millones el presupuesto para la inversión en obra pública, destinado a obras viales, de infraestructura económica, de construcción y refacción de viviendas y de escuelas, y de turismo.
Además, anunció el relanzamiento del programa Procrear con el objetivo de mover la actividad de la construcción, en dos modalidades: para construcción y refacción de viviendas, con 100.000 créditos, todavía sin monto definido; y una nueva línea rápida para pequeñas refacciones y mantenimiento de hogares, con 200.000 préstamos de hasta $ 30.000 cada uno, es decir, una inversión de $ 6.000 millones.
Asimismo, el Poder Ejecutivo modificó en dos oportunidades en los últimos 15 días el presupuesto nacional y destinó en la primera de ellas $ 1.706.192.952 al Ministerio de Salud, que incluyó una partida por $ 541.590.681 para la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Carlos Malbrán.
En la segunda, incrementó en $ 38.688 millones el presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social con el propósito de atender acciones destinadas a las tarjetas alimentarias, módulos alimentarios y comedores escolares, como también la asistencia alimentaria en situaciones críticas o de emergencia.
También se aumentaron las partidas de Salud con el objeto atender la adquisición de vacunas correspondientes al calendario nacional de vacunación por $ 2.654.437.821, y para cubrir los gastos de funcionamiento de los hospitales de Alta Complejidad El Calafate por $ 471 millones y de Cuenca Alta Néstor Kirchner por $ 1.671 millones.
Por otra parte, se sumaron $ 3.797.646.292 a los presupuestos vigentes de los hospitales nacionales Laura Bonaparte, Baldomero Sommer y Alejandro Posadas; de las administraciones nacionales de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y del Malbrán.
También de los institutos nacionales Central Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) y de Rehabilitación Psicofísica del Sur Juan Otimio Tesone; de la Colonia Montes de Oca y de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (Anlap).
En tanto, el Ministerio del Interior incrementó en $ 5.760.357.138 las transferencias a provincias correspondientes al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional, financiado con recursos remanentes del Ejercicio 2019.
Además se incrementó en $ 3.896.687.037 la partida para pensiones no contributivas por invalidez laborativa de la Agencia Nacional de Discapacidad, con el fin de dar cobertura al subsidio extraordinario para pensionados no contributivos por $ 3.200 millones, y para atención médica a los beneficiarios por $ 696.687.037.
En otro orden, el Gobierno estableció el Ingreso Familiar de Emergencia de $ 10.000 para beneficiarios de AUH y AUE, contribuyentes al monotributo social y de las categorías A y B, y personal de trabajo doméstico.
En el caso de los beneficiarios de las asignaciones, con un universo de cuatro millones de registrados, el desembolso alcanzó a $ 40.000; y en el del resto, estimado por el Ministerio de Trabajo en 3,6 millones de hogares, rondará los $ 36.000 millones.
Por su parte, el Fonplata -uno de los organismos de créditos para el desarrollo de la región- autorizó un crédito de US$ 15 millones, unos $ 1.200 millones, para la Argentina, para la construcción de 11 hospitales modulares de emergencia que contarán con un total de 760 camas para atender la situación de emergencia.
En la misma línea, el Directorio del Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia por US$ 35 millones, unos $ 2.800 millones, para apoyar los esfuerzos del gobierno argentino para fortalecer los sistemas de salud, con los que se comprarán insumos y equipos médicos.
En tanto, el Gobierno creó el Fondo de Afectación Específica con el objeto de otorgar garantías para facilitar el acceso a préstamos para capital de trabajo, por parte de las mipymes, que contará con aportes estatales de $ 30.000 millones.
Por su lado, el Ministerio Salud transfirió $ 1.447 millones adicionales a las provincias y prevé enviar unos $ 2.200 millones más este mes, como parte de las políticas sanitarias de impacto para optimizar la capacidad de respuesta del sector público de salud argentino.
