Una campaña de recolección de firmas fue lanzada para reclamar que, en el marco de la discusión de una nueva Ley de Discapacidad, se elimine el actual requisito de renovar cada tres años el Certificado Único de Discapacidad (CUD) cuando se trate de personas con “discapacidades permanentes”.
La iniciativa está encabezada por la actriz Julieta Díaz y fue lanzada en la plataforma Change.org, donde ya cuenta con más de 160.000 adhesiones reunidas hasta el momento.
“La renovación cada tres años del Certificado Único de Discapacidad es un trámite inútil que a las personas con discapacidad y a las familias de personas con discapacidad nos genera muchísima ansiedad, tiempo, dinero y angustia”, plantea en el video de difusión de la campaña Díaz, mamá de Elena, de 7 años, quien padece parálisis cerebral leve.
El CUD, válido en todo el país, les permite a las personas con discapacidades acceder a las prestaciones previstas en las leyes nacionales 22.431 y 24.901, como la cobertura del 100% de medicamentos, equipamiento y tratamientos, la percepción de asignaciones familiares y el uso gratuito del transporte público.
La creadora de la petición, Verónica Kuljko, sostuvo que el hecho de que “una discapacidad sea permanente significa que es para toda su vida”, con lo cual se pregunta “por qué someter a esas personas a trámites interminables para demostrarlo”.
Quienes impulsan la campaña piden que la eliminación de la renovación periódica del CUD para personas con discapacidades de carácter “permanente” sea incorporada en el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad que el Poder Ejecutivo prevé enviar próximamente al Congreso, tras una ronda de audiencias realizadas a nivel federal por la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para recabar inquietudes en las diferentes regiones.
Semanas atrás, el director ejecutivo de la Andis, Fernando Galarraga, había expresado su confianza en que la Argentina podrá contar con “una nueva ley de discapacidad antes de fin de año”.
La actual Ley 22.431 de Discapacidad fue dictada en 1981, en la última dictadura militar, y se trata de una normativa que parte de una concepción de la discapacidad con anclaje eminentemente médico, proteccionista y asistencialista.
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