Por Federico Trofelli para Tiempo Argentino
Argentina se encamina, tras casi 170 años, a saldar una de sus tantas deudas con la Constitución Nacional de 1853: la implementación del Juicio por Jurados, que en la actualidad funciona en once provincias y que en el corto y mediano plazo –presumen autoridades y especialistas– pasará a desarrollarse en todo el territorio nacional. El cambio cultural que implica este sistema jurídico popular trae aparejado mitos y realidades, y tuvo esta semana su mayor exposición al ser protagonista en el juicio por Nora Dalmasso en Córdoba. Para conocer las claves de esta modalidad, Tiempo dialogó con Andrés Harfuch, vicepresidente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados, quien analizó la evolución de su aplicación y puntualizó que el sistema local está a la vanguardia en el mundo y es materia de estudio por parte de especialistas internacionales.
Lo que se denomina juicio por jurado clásico, en su sentido tradicional, con un juez conduciendo a 12 jurados, comenzó a mediados de la década pasada en provincias como Neuquén o Buenos Aires. «Ya hubo 700 juicios. Un éxito total”, lo define Harfuch, quien además es el director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip). Santa Fe, Tucumán y Corrientes están próximos a sumarlo. Y el propio Estado Nacional lo piensa como modalidad federal.
Harfuch aclara que no funciona igual en todo el país. Tomando como ejemplo el juicio por Dalmasso, explica que “el sistema cordobés arrancó en 2005, pero cambia permanentemente. Se llama ‘escabinado’ porque los jueces técnicos y el jurado deliberaban juntos, aunque ahora ya no es más así. Por eso en el juicio por el crimen de Nora Dalmasso van a deliberar los 8 jurados titulares con los 4 suplentes, con lo cual en los hechos terminan siendo 12. Los jueces no deliberan. El sistema cordobés se está amalgamando con el del resto del país”.
Las reglas del sistema deben conocerse y aplicarse con rigurosidad. Esta semana un jurado suplente del juicio por Dalmasso debió ser remplazado por haber dialogado en un cuarto intermedio con Facundo Macarrón, testigo e hijo de la víctima y del presunto instigador, Marcelo Macarrón. Para evitar estas irregularidades, el juez técnico debe explicar claramente al jurado sus responsabilidades y competencias. El magistrado solo modera el debate y al final, en caso de que el veredicto sea condenatorio, fija el monto de la pena.
El remplazo de un jurado no es algo tan atípico: “Atraviesan emociones muy fuertes, a veces intolerables y no están acostumbrados. En Neuquén hubo dos señoras mayores que al ver imágenes de una autopsia se descompensaron y debieron ser reemplazadas; a otro le salió una oferta de trabajo imposible de rechazar; también hubo uno en San Martín con un grave problema de concentración por una enfermedad preexistente y se quedaba dormido”, grafica el especialista.
“La ciudadanía dio veredictos absolutamente lógicos, prudentes, razonables y por eso los juicios por jurados ya no están solo confinados al Derecho Penal. Chaco, por ejemplo, comenzó a implementar los jurados civiles para casos muy graves, litigios ambientales o afectaciones masivas a los derechos del consumidor”, comenta Harfuch. Otras ciudades como Rosario comienzan a tener jurados contravencionales que deciden sobre problemas vecinales: ruidos molestos, olores fuertes, discusiones, peleas en las calles o en los colegios. El titular de Inecip considera que no hubo veredictos escandalosos aunque reconoce que algunos «despertaron más polémicas que otros”. Fue el caso de las absoluciones del carnicero Daniel Oyarzún o del médico Lino Villar Cataldo que mataron a los delincuentes que les habían robado. “A un sector no le gustó pero a otro le encantó”, resume Harfuch. Y menciona la nena que denunció haber sido violada por varios hombres en el camping El Durazno, en Miramar: el jurado los absolvió.
En promedio, los veredictos de los jurados son en un 80% condenatorios y en un 20% absolutorios, similar a otros países. Además, investigadoras como Sidonie Porterie y Aldana Romano concluyeron que un juez técnico y un jurado popular tienen un 78% de acuerdos en sus resoluciones. En el 22% restante, los jurados son más proclives a absolver, por lo que son más benevolentes que los jueces técnicos.
Harfuch sostiene que el juicio por jurado argentino es objeto de admiración a nivel internacional: «Las personalidades del jurismo mundial llegan a estudiarlo porque de venir de un ambiente desfavorable vinculado más a la cultura de la Inquisición o del escriturismo español, se ha puesto en marcha un sistema con características propias y únicas en el mundo como la paridad de género o el jurado indígena. Que obligatoriamente haya seis mujeres en el jurado es único en el mundo. Está siendo analizado en tiempo real para ver cómo incide en las resoluciones, sobre todo en delitos sexuales o vinculados al género».
«Los jueces técnicos o la Corte rara vez deliberan»
Irónicamente, hay quienes dicen que no se pudo implementar el Juicio por Jurados en el país durante más de un siglo y medio por “la resistencia sindical más exitosa de la historia Argentina” protagonizada por los abogados que “querían tener el monopolio de juzgar a las personas”, sentencia Andrés Harfuch. Lo cierto es que siempre sobrevolaba un prejuicio hacia cómo podía comportarse el jurado popular, si podía ser plausible de presión, e incluso si sería muy costoso mantenerlos aislados para que no sean influenciados o por su propia seguridad.
“En los 700 juicios no hubo una sola cosa rara, ni un soborno, ni amenazas, ni hubo necesidad de encerrar al jurado en hoteles. Ese miedo era infundado”, añade el especialista que abona a una hipótesis: sería más fácil sobornar a un juez que a doce personas comunes que no se conocen. “La deliberación del jurado es la garantía más grande que existe para evitar el error judicial –concluye–. Los jueces técnicos o la Corte Suprema rara vez deliberan, se pasan papeles, no se juntan a discutir, que es la base esencial de la democracia”.
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