Napalí, en lengua indígena, significa “lugar de muertos”. Premonitorio fue llamar así, en 1921, a un sitio ubicado a 120 kilómetros de la capital chaqueña, habitado por dos comunidades de pueblos originarios -los Qom (antes Tobas) y los Mocoiqt (antes Mocovíes)-, dedicadas a la producción algodonera.
Allí se trabajaba en condiciones de semi esclavitud. Vivían hacinados y hacinadas, con poca y mala comida, sin atención médica ni escuelas. Se les pagaba poco y con vales. La ganancia era para los patrones, terratenientes de la zona.
Tanto maltrato y explotación decidió a las comunidades a declararse en huelga. Alrededor de 1.000 personas la estaban protagonizando cuando el gobernador radical Fernando Centeno -nombrado por el presidente Marcelo T. de Alvear porque Chaco en ese entonces era territorio nacional -, ordenó que se los reprimiera sangrientamente.
Ello ocurrió el 19 de julio de 1924 y consistió, lisa y llanamente, en la matanza de alrededor de la mitad de las y los huelguistas, entre quienes había niños y niñas. Un centenar de policías y gendarmes, más algunos civiles armados, montando caballos, se establecieron a una distancia cercana al campamento de las y los trabajadores, y desde allí dispararon con sus fusiles durante una hora ininterrumpida. Luego se mutiló a los heridos y se exhibieron los cadáveres, finalmente enterrados en fosas comunes. Todo obedeció a un plan bien coordinado, en el que no faltó el apoyo logístico de una avioneta del Ejército Argentino, luego donada por esta fuerza al Aeroclub de Chaco.
La matanza se programó y cometió desde el Estado y fue un ataque sistemático a una población civil, lo que la convierte en un delito de lesa humanidad, y por lo tanto no prescribe. Se puede juzgar aunque haya transcurrido mucho tiempo.
La Masacre de Napalpí fue investigada a fondo por el historiador Juan Chico, nieto de una víctima. Con muchos elementos de prueba, en 2004 el Instituto del Aborigen Chaqueño inició un juicio contra el Estado solicitando, entre otras medidas, que se sepa la verdad, que se pida perdón por lo sucedido y que se asuma el compromiso de evitar su repetición.
La semana pasada, casi un siglo después, el Juzgado Federal de Resistencia dictó sentencia. En ella afirmó que “existió responsabilidad del Estado Nacional Argentino en el proceso de planificación, ejecución y encubrimiento en la comisión del delito de homicidio agravado con ensañamiento y con impulso de perversidad brutal, en reiteración de hechos, por los cuales resultaron asesinadas entre 400 y 500 personas de los pueblos Moqoit y Qom en la Reducción de Indios Napalpí ubicada en Territorio Nacional del Chaco”.
Agregó que “la Masacre de Napalpí es un crimen de lesa humanidad, cometido en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas”.
La calificación de “genocidio” expuesta en la sentencia judicial significa que el Estado, de manera criminal, decidió y llevó adelante la eliminación de un sector de su población. Esa eliminación -y el silencio oficial que le siguió- intentó destruir la identidad de los oprimidos para imponer en su lugar la identidad del opresor. El genocidio es por ello el delito más grave que se pueda identificar en el ordenamiento jurídico internacional.
No están vivos los responsables de la matanza y por lo tanto no habrá sanción, pero quizá ello sea lo menos importante
Entre otras medidas de reparación, el reciente fallo judicial resolvió: “Ordenar al Ministerio de Educación de la Nación que incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles primario, secundario, terciario y universitario el estudio de los hechos probados en la presente sentencia”; “ordenar al Ministerio de Seguridad de la Nación y de la provincia del Chaco que incorpore a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas”.
Y “exhortar al Estado nacional a la implementación de un Plan de Políticas Públicas concretas de Reparación Histórica a los pueblos Qom y Moqoit y a fortalecer las políticas públicas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia garantizando la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales, todo ello con la consulta previa a las comunidades”.
A 98 años de los hechos, cayó la estrategia estatal de construcción de una historia oficial con el fin de negar y encubrir la matanza. Hoy debemos mirar con vergüenza a la prensa oficialista de la época, que reprodujo las expresiones de los partes policiales; al Poder Judicial chaqueño que se nutrió de la versión de los funcionarios y no escuchó el relato de un solo indígena; a los legisladores oficialistas que obstruyeron la conformación de una Comisión Investigadora.
No están vivos los responsables de la matanza y por lo tanto no habrá sanción, pero quizá ello sea lo menos importante. Ha triunfado el derecho a la verdad. La memoria de lo sucedido, sostenida estoicamente por los descendientes de las víctimas, permitió este resultado.
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