La principal referente de la Organización Social Tupac Amaru, Milagro Sala, permanece internada “estable” en una sala de terapia intermedia de una clínica de la capital jujeña, y su defensa denunció “hostigamiento” por parte del personal policial que la custodia.
La activista ingresó el lunes al sanatorio privado “Los Lapachos”, de San Salvador de Jujuy, con un cuadro de “trombosis venosa profunda” luego de que se le practicaran estudios de rutina debido a un dolor que le aquejaba en su rodilla izquierda.
Los abogados defensores de la dirigente social informaron que, desde ese momento, Sala fue traslada a la unidad de terapia coronaria, “para ser compensada y recibir el tratamiento necesario para la trombosis”.
En tanto, luego, fue trasladada a una sala de terapia intermedia, según se consignó: “Permanece internada en terapia intermedia con un diagnóstico de trombosis venosa profunda y, tras la intervención médica, se encuentra, actualmente, estable y sin complicaciones respiratorias”.
Marcos Aldazabal, uno de sus defensores en una entrevista a Radio Nacional, refirió que “el cuadro que presenta no está exento de complicaciones y hoy por la mañana se le realizarán estudios para determinar el tratamiento a llevarse a cabo”.
Sobre ese punto, detalló que los especialistas deberán determinar si le realizan “una cirugía, o bien continuar con la anticoagulación a la espera de su evolución”, situación que caracterizó como “grave y, en el mejor de los casos, va a tardar meses en resolverse”.
Asimismo, advirtió el “peligro de que se produzca un desprendimiento de coágulos que derive un taponamiento pulmonar”, por lo que Sala “debe permanecer internada sin movimiento alguno”.
Por otra parte, denunció que la “grave situación médica está rodeada del hostigamiento que caracteriza a los poderes judicial y Ejecutivo jujeños”, al detallar que, desde el momento de su internación, la policía local envió oficiales que permanecieron, en todo momento, “al lado de Sala”.
“Le impidieron tener cualquier tipo de intimidad con su familia y con el personal médico –continuó-. Para peor, los policías informan constantemente, por teléfono, acerca del estado de salud de Milagro, y le realizan preguntas tanto al personal de la clínica como a los allegados a Sala”, completó.
Luego, recordó que en las últimas semanas, el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy “expresó públicamente su intención de que Milagro Sala vuelva a la cárcel, sin importar lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y realizó varias presentaciones en este sentido”.
“No hay precedentes de que alguien esté detenida siete años con prisión preventiva porque nunca tuvo cumpliendo pena con una sentencia firme, con una prisión domiciliaria particular con presencia policial permanente y con las presiones políticas que vive”, consideró Algazabal.
Finalmente señaló que Corte Suprema de Justicia de la Nación, por su parte, tiene pendiente de resolución la causa principal contra Sala conocida como “Pibes Villeros”, desde hace más de dos años sin resolverse.
El pasado martes, organizaciones sociales, gremiales y políticas se movilizaron al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para denunciar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, mantiene una presión sobre el Poder Judicial de esa provincia para que la dirigente social Milagro Sala “vuelva a la cárcel”.
Los manifestantes rechazaron el “revanchismo” de parte del Gobierno provincial contra la líder de la organización Túpac Amaru, luego de que el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy, denunciara dilaciones en causas contra la dirigente.
Milagro Sala permanece detenida desde el 16 de enero de del 2016 y, desde ese momento, se multiplicaron los pedidos de distintas organizaciones por su libertad.
El 23 de noviembre de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) consideró que Sala permanecía detenida en condiciones incompatibles con su dignidad humana y que el método o manera de ejecución de la medida privativa de libertad la estaba sometiendo a angustia o dificultades mayores al sufrimiento intrínseco a toda detención, y dictó una medida provisional en ese sentido.
Desde entonces la Corte Interamericana no sólo mantiene vigente la medida provisional, sino que además recibe información periódica que denuncia la falta de independencia judicial en la provincia y el impacto que tiene la particular persecución penal que llevan adelante en la integridad física y psíquica de Sala.
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