Organizaciones defensoras de los derechos de los pueblos originarios conmemorarán este martes el 98 aniversario de la Masacre de Napalpí con un conversatorio en el cual se analizará “la recuperación de la memoria colectiva” tras el juicio por la verdad que se realizó este año y en el cual el Estado argentino reconoció su responsabilidad por esa matanza perpetrada en Chaco.
El colectivo “Originarios” y la Fundación Napalpí organizan esta actividad que será transmitida a través de sus redes sociales y que tendrá la participación del fiscal federal Diego Vigay, quien intervino en el juicio de la verdad, y de Sergio López, titular de la Fundación, entre otras personalidades y académicos.
Quienes deseen formar parte del Zoom principal para seguir las disertaciones deberán registrarse de forma virtual.
Crimen de lesa humanidad
La Masacre de Napalpí fue un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un genocidio a los pueblos indígenas el 19 de julio de 1924, cuando más de un centenar de policías, gendarmes y colonos fusilaron a miembros de las comunidades Qom y Moqoit que se encontraban protestando por mejores condiciones de vida y laborales en la reducción del mismo nombre.
Durante ese día y otros posteriores fueron asesinadas y mutiladas más de 400 personas, entre niñas, niños, mujeres, hombres, ancianos y ancianas, y posteriormente enterradas en fosas comunes.
Con el veredicto de la jueza federal Zunilda Niremperger, el jueves 19 de mayo culminó el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, y se estableció que existió responsabilidad del Estado Nacional en la matanza y se consideró que se trató de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.
Algunos de los documentos históricos que registran este hecho, y fueron utilizados en la causa, se encuentran disponibles en la página web del Archivo General de la Nación.
El juicio inició el 19 de abril en la ciudad de Resistencia y prosiguió durante un mes, y en las audiencias se escucharon las voces de sobrevivientes y sus descendientes.
En su fallo, la jueza fijó una amplia difusión del juicio y de la sentencia, y ordenó al Estado Nacional la realización de un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas, además de la constitución de un museo y sitio de memoria en el lugar de los hechos.
Por otro lado, exhortó al Estado Nacional a que implemente un plan de reparación histórica a los pueblos Qom y Moqoit y que fortalezca las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia en las que se garantice la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales.
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