A dos años de la promulgación de la ley de interrupción legal (ILE) y voluntaria (IVE) del embarazo, la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, destacó que la incorporación de la mifepristona para el acceso al aborto con medicamentos junto con el misoprostol fue un “salto cualitativo” en el 2022, y señaló que “el gran desafío estructural es aumentar los equipos de salud que garantizan la práctica provincia por provincia”.
Este sábado se cumplen dos años desde que la ley 27.610 de IVE/ILE fue promulgada por el presidente Alberto Fernández junto a la Ley 1.000 Días, que establece el cuidado integral de salud en el embarazo y la primera infancia.
Entre los logros que marcan el último año de la aplicación de la ley de IVE/ILE, Isla subrayó a Télam la introducción del tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, uno de los procedimientos más eficaces recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que hoy está disponible en todo el sistema público de salud del país a partir de una compra de 50.000 tratamientos al Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa).
“Esta incorporación dio un salto cualitativo para los equipos de salud y para las usuarias porque disminuye el dolor, los tiempos y genera una efectividad muy alta”, aseguró la directora nacional de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), quien también resaltó que “más del 94% de las interrupciones se hacen de manera temprana, en el primer trimestre”.
La ley reconoce el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana catorce de gestación inclusive, con solo expresar la decisión de abortar.
A partir de la semana 15 de gestación también otorga el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.
En entrevista con Télam, Isla repasó cuáles son los avances y desafíos en la implementación de la ley que ya lleva un total de 132.754 abortos contabilizados en el sistema público de salud, según datos oficiales.
– ¿Cómo evalúa este segundo año de aplicación de la ley IVE/ILE?
– Lo evalúo de manera positiva porque, a partir de la ley, la construcción de la política pública fue un proceso y pudimos llegar a todas las provincias con la disponibilidad no solo de misoprostol, sino también del combipack con mifepristona para el tratamiento con medicamentos, además de la distribución y capacitación en aspiración manual endouterina. Por otro lado, logramos hacer el primer curso de aborto para equipos del sistema de salud de todo el país e incorporamos prestaciones tanto al Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Enia) como en el Programa Sumar, que financia a los servicios de salud de las provincias y municipios.
– ¿En qué etapa se encuentran los desarrollos para la producción pública de mifepristona?
– Hay dos grandes procesos, uno es el desarrollo que está llevando adelante el Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF) de la provincia de Santa Fe. Se estima que este año estaría en condiciones de poder registrar la mifepristona porque en Argentina no está registrada ni su producción ni su venta. También la Universidad Nacional de La Plata firmó un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires e inició el proceso, pero es un desarrollo que lleva unos años. Después, hay una presentación en Anmat de un laboratorio privado nacional para registrar el medicamento y venderlo en el país.
– ¿Cómo es la aplicación de la ley en el territorio nacional?
– La aplicación se da en todas las provincias, lo que varía es la disponibilidad de equipos profesionales que garanticen la práctica. En general, hay más concentrados en las ciudades capitales. Hay muchos distritos comprometidos, pero en algunas provincias son pocos en relación a la demanda, pero sobre todo en relación a la distribución territorial porque nos interesa que las personas accedan también cerca de sus domicilios. Después varía la situación mucho en relación al segundo trimestre. En algunos momentos tuvimos que derivar entre provincias con la herramienta del 0800 de salud sexual, que nos permite tomar conocimiento de algún obstáculo e intervenir de forma directa.
– De acuerdo al informe Implementar del Ministerio de Salud, las provincias con menor cantidad de efectores que realizan abortos son Chaco, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, ¿qué sucede en esos distritos?
– En Tierra del Fuego hay un problema en el Hospital de Río Grande, que no garantiza segundo trimestre ni ley IVE/ILE. Nosotros hicimos un viaje y tenemos como prioridad trabajar para que contraten un equipo o habiliten una guardia que no sea objetora de conciencia. En el caso de Chaco, tienen muy buenos equipos y han logrado aumentar la cobertura en IVE/ILE respecto a lo que fue el primer año de la ley. Ahí el desafío es avanzar en la atención primaria. Y, en cuanto a Santiago del Estero, el problema es que tiene los servicios muy concentrados en la capital. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud provincial e incluso se están haciendo algunas capacitaciones de la mano de Católicas por el Derecho a Decidir para incorporar equipos en otros departamentos provinciales.
– En el informe también se indica que en 2022 se registraron 1.443 efectores del sistema público de salud, lo que constituye un 7,5% más que en 2021. ¿Cómo analiza esa cifra?
– Es bajo el incremento. Fue muy alto entre el 2020 y el 2021. Diría que garantizada la medicación y los insumos, garantizada la capacitación y la asistencia técnica, el gran desafío estructural que tenemos es aumentar los equipos de salud que garantizan la práctica provincia por provincia. El otro gran desafío es seguir difundiendo la ley en la población porque hay muchas personas todavía que no conocen todos estos derechos.
– ¿Con qué medidas comenzarán la gestión de este año para avanzar hacia la plena implementación de la ley?
– Por un lado, seguir consolidando la compra y la distribución de insumos para garantizar el acceso al aborto. También vamos a reiterar la capacitación en aborto federal para los equipos de salud, las asistencias técnicas, el trabajo con el 0800 y un cronograma de actividades presenciales para mejorar acceso y calidad en las provincias que están un poco más rezagadas. Nos interesa mucho seguir mejorando la cobertura y los registros de esa cobertura, pero también mirar los micoprocesos de atención. La calidad es desde una buena consejería para que la persona pueda elegir los tipos de tratamiento que se le ofrecen y, también, cuántas veces tiene que ir al centro de salud o al hospital hasta que se realiza la práctica.
Para informarte sobre la ILE / IVE comunicate con la Línea Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación al teléfono 0800 222 3444
La Ley 1.000 días para el cuidado integral en el embarazo y la primera infancia cumple dos años
La extensión de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) junto con la provisión pública y gratuita de insumos esenciales para el embarazo y la primera infancia, son algunos de los ejes principales de la Ley 1.000 días, que mañana cumple dos años desde que fue promulgada junto con la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
La Ley 27.611 de “Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia”, más conocida como Ley 1.000 Días, establece la Asignación por Cuidado de Salud Integral que se cobra por cada niño o niña menor de 3 años que se tenga a cargo, quienes deben contar con el plan de vacunación al día.
Cuando el presidente Alberto Fernández firmó las promulgaciones de la Ley 1.000 Días y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo el 14 de enero de 2021, sostuvo que era “un día de alegría” porque se “amplió la capacidad de decidir de las mujeres”.
La Ley 1.000 días busca afianzar el “derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” para las “niñas y las niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años”, “personas que cursen embarazos de alto riesgo” o padezcan “trombofilia”, “mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género” y “niñas y adolescentes embarazadas”.
También, la norma creó, en el ámbito del Ministerio de Salud, una Unidad de Coordinación Administrativa “para la atención y el cuidado integral de la salud de las mujeres y personas gestantes durante el embarazo y de sus hijos hasta los 3 años”.
Durante los dos años de la aplicación de esta ley, se distribuyeron diversos insumos para el cuidado integral de la salud como la provisión de vacunas, leche, alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez.
Como parte de las acciones que contempla la Ley 1.000 días, esta semana la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, y su par de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, firmaron en San Luis un acta complementaria para la distribución de kits de lactancia a mujeres y personas LGTBQI+ que se encuentren amamantando a niñas y niños de 0 a 6 meses, con el objetivo de aumentar la tasa de lactancia exclusiva.
Todas las jurisdicciones recibirán anualmente una cantidad de kits de lactancia que serán distribuidos a centros de atención primaria de la salud y, según adelantaron las ministras, durante el primer semestre de 2023 se realizará la entrega de 25.000 unidades.
En esa ocasión la ministra de Salud aseguró que con la nueva medida se busca llegar “a cada persona lactante, en cada rincón del país, que necesite del acompañamiento del Estado para sacarse dudas, recibir información y sortear barreras”.
También reafirmó el compromiso asumido por el Estado Nacional con las políticas de cuidado y el rol de la Ley de 1.000 días en acompañar, proteger y cuidar de manera integral la salud y la vida de las personas gestantes y de las niñas y niños en sus primeros tres años de vida.
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